miércoles, 27 de mayo de 2015

Gestionan ley para eliminar IVA cero en la minería cooperativista

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, informó ayer que su despacho ya envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cero que beneficia a los mineros cooperativistas.

Indicó que, pese a la caída de los precios internacionales de las materias primas, la economía del país sigue creciendo, por lo que corresponde que aporten algunos sectores beneficiados con la liberación de impuestos. "Hemos enviado ya, a solicitud de los propios cooperativistas, el proyecto de ley para eliminar el IVA cero, y una vez eliminado el IVA cero rige la Ley 843 para ellos", dijo.

En 2011, el presidente Evo Morales promulgó la norma para venta de minerales y metales, en beneficio de las cooperativas mineras.

Minería, más allá del lamento

Las crisis de precios de los metales en el mercado internacional tienen la virtud de desnudar, en pa?ses como el nuestro cuya econom?a se basa en la venta de estos productos, los factores negativos de pol?ticas coyunturales y de administraci?n implementadas por los gobiernos de turno. En el caso presente y con el megaciclo de precios altos en franco declive se han multiplicado los lamentos de los sectores afectados por la merma del valor de ventas cuanto de regal?as e impuestos. Los empresarios se quejan por los menores ingresos, el Gobierno por menor recaudaci?n, los cooperativistas (algunos que trabajan esta?o) por la merma casi completa de sus ganancias. Las voces que critican y/o proponen soluciones coyunturales van desde posiciones ultristas que llegan incluso a proponer aportes voluntarios por parte de los trabajadores para paliar la crisis hasta posiciones de las m?s liberales que proponen despido de trabajadores para bajar costos, posici?n esta hasta hace algunos meses, impensada en una administraci?n de gobierno como la actual.

M?s all? de los lamentos tan caracter?sticos en nuestra historia y m?s all? de la coyuntura, urge una definici?n propositiva de largo alcance acorde a la normativa vigente y a tono con el discurso nacionalista y socialista del Gobierno. Como dicen los de la acera del frente al referirse a la miner?a, the name of the game is money, la limitan a la generaci?n de riqueza, lo cual contrasta con el discurso nacional de compartir la riqueza, la cual cuando las papas queman como es el caso presente es limitada o falta y no hay nada que compartir. Ese es el dilema. Hace falta pues un cambio de direcci?n, no solo en la actitud sino, en las l?neas de acci?n. Con nueva Ley Minera que ray? la cancha, el Estado constitucionalmente debiera tener el control de toda la cadena productiva y de comercializaci?n, los privados debieran ser contratistas del Estado y el sector informal cooperativo por su car?cter social debiera tener un tratamiento especial ?Es as?? Salvo la ?ltima parte que se cumple a rajatabla por las presiones sociales, el resto es un limbo donde la ley del m?s fuerte todav?a define las cosas. ?Qu? hacer?

El Estado a trav?s de su operadora Comibol controla, seg?n datos de Sergeomin, 13.152 cuadr?culas mineras (1 CD=25 Has.) de su viejo patrimonio y 39.934,7 CD otorgadas mediante Decreto Supremo 1369 (que casi triplica su patrimonio). Estas ?reas se ubican en varias partes del pa?s y son prospectos promisorios detectados en el pasado por privados y estatales en la azarosa historia de la exploraci?n minera del pa?s. El Estado tiene pues dominio territorial del potencial tangible del pa?s, para generar proyectos mineros nuevos; no lo hace por limitaciones t?cnicas, de infraestructura, pol?ticas y de asimilaci?n de tecnolog?a. Las operaciones y proyectos en marcha de Comibol por otro lado, son las minas Huanuni, Colquiri, las plantas metal?rgicas de Corocoro y Karachipampa y los proyectos Mut?n, salar de Uyuni y el nacionalizado proyecto Mallku Khota. Todos excepto los ?ltimos, son emprendimientos para metales base, tradicionales y de bajo valor de mercado; ?Por qu? el Estado pese a varios intentos y teniendo en los a?os 80 m?s de 600.000 CD sobre aluviones aur?feros, no tuvo/tiene operaciones ni proyectos aur?feros? y ?por qu? los proyectos sobre tierras raras, uranio, platinoides, etc., de las d?cadas 80 y 90 no prosperaron? Es un misterio. La primera conclusi?n: El Estado debe desarrollar este inmenso patrimonio; si las instituciones encargadas (Comibol y Sergeomin) no pueden hacerlo, la tercerizaci?n puede ser de utilidad, para lo cual la estructura jur?dica e institucional debiera ajustarse a este fin. Las 26 ?reas de uso exclusivo de Comibol a las que alude el D.S. 1369, pueden ser licitadas para exploraci?n y desarrollo de nuevos proyectos; el mantenerlas est?ticas en espera de que la capacidad del Estado pueda atenderlas es postergar para las calendas griegas su utilidad como generadoras de riqueza. ?Podemos estimar cu?ndo el Sergeomin y/o Comibol pueden terminar de investigar esas ?reas (m?s de un mill?n de hect?reas) con su capacidad e infraestructura actuales?

De los proyectos mineros y metal?rgicos estatales, algunos son elefantes blancos que se tratan de resucitar (Mut?n, Karachipampa, Corocoro, etc.), tienen una historia reciente de m?s de veinte a?os de neoliberalismo que precedi? a la actual administraci?n, donde no se encararon porque econ?micamente no son factibles y/o son de econom?a muy marginal. Urge pues hacer un balance econ?mico fr?o y sincero para determinar si ser? posible integrarlos al portafolio de Comibol, caso contrario siempre hay la posibilidad de encararlos en asociaci?n con otros operadores que s? pueden generar valor en condiciones extremas.

La iniciativa privada en el pa?s tiene muy pocas alternativas si se ajusta a los preceptos constitucionales y a aquellos de la Ley 535. No tiene derechos mineros (Art. 2) solo contratos con el Estado (Art. 132), por lo tanto no puede acceder a financiamiento en base a aquellos (Art. 98), tiene la espada de Damocles de la Consulta Previa (Art. 207 y siguientes), de la Funci?n Econ?mica Social y de la Coparticipaci?n de utilidades (Arts. 17, 18, 19) que los deja hu?rfanos y en espera de mejores d?as. El problema no parece ser la inversi?n privada nacional o extranjera, el Estado tiene un nivel de inversi?n muy grande para sus proyectos ($us 617 millones para el salar de Uyuni, 18,5 millones para Corocoro, 50 millones para Huanuni, etc.) y tal parece que podr?a encarar la generaci?n de nuevas minas para su portafolio sin depender de este tipo de inversi?n. La alternativa para los privados es asociarse a los proyectos del Estado como ?nico camino para estar vigentes y acceder a las ?reas potenciales controladas por aquel. El gran dilema, ya superado en el car?cter intr?nseco de la legislaci?n, es si el Estado necesita (o no) de los operadores privados para desarrollar su pol?tica minera. Los contratos administrativos y/o de operaci?n son un mecanismo de control estatal de la miner?a en el sentido estricto de la norma y las posibilidades de desarrollo del subsector minero privado son escasas. Un esquema de funcionamiento similar a aquel del sector hidrocarbur?fero, parece ser al alma de la legislaci?n actual, los contratos de asociaci?n/operaci?n, el ?nico camino para que la iniciativa privada mantenga presencia en el sector.

Finalmente, el subsector de la miner?a artesanal y cooperativa (los mimados del esquema actual) goza de muy buena salud pese al panorama de precios, controla entre operadores mineros, manufactureros, comercializadores, contrabandistas y promotores ilegales de la miner?a aur?fera m?s del 10% de las exportaciones totales del pa?s ($us 1.360,87 millones, INE RES_2015_1) y m?s de la tercera parte de las ventas del sector minero. Este es sobre todos, el punto primordial a resolver para la administraci?n actual. No podemos depender de la informalidad y/o ilegalidad para mantener el nivel de ventas del pa?s. El control de la cadena de producci?n-manufactura-comercializaci?n del oro debe ser la tarea principal si queremos sanear y sincerar las cifras del sector minero como generador de riqueza y empleo para los habitantes de estas tierras.

El otro camino al que nos llevar?an los lamentos, es la revisi?n de la Constituci?n y de la Ley Minera, que ya ha sido planteada pero, que es un tema que no se dar? ni en el mediano plazo y ser? motivo de posteriores comentarios.

(*) Ingeniero ge?logo, ex Ministro de Miner?a

En Huanuni se fijan plazos para iniciar producción de complejos metálicos

Como parte del plan de contingencia, en la Empresa Minera Huanuni (EMH) se fijaron plazos para que la gerencia arranque con los proyectos nuevos, como por ejemplo el ingenio de complejos met?licos que debe empezar a producir desde julio.

El representante de Huanuni en la Central Obrera Departamental (COD), Juan Carlos Huarachi, manifest? que luego de haber tenido reuniones con las autoridades de Gobierno, se est? aplicando el plan de contingencia, el cual establece plazos para arrancar con los proyectos nuevos que permitir?n mejorar la producci?n de la empresa minera y contrarrestar la baja cotizaci?n del esta?o que se registr? en el mercado internacional.

Se?al? que conforme al plan de contingencia los trabajadores realizan las tareas respectivas en interior mina y exterior, sin embargo, el ingenio debe estar en condiciones para producir, por ello es importante la ejecuci?n de los nuevos proyectos que mejorar?n algunos aspectos.

Indic? que se pidi? que arranque con la producci?n en el ingenio de complejos considerando que se tiene siete yacimientos de minerales complejos y deben iniciarse las operaciones.

Argument? que la comisi?n de comercializaci?n se reuni? con dos representantes de empresas interesadas en comprar los complejos en Huanuni, para lo cual se realizan muestras, an?lisis y una tabla de acuerdo a la ley que tiene los complejos.

Respecto a la propuesta del Gobierno sobre la escala salarial, sostuvo que una comisi?n trabaja en el an?lisis de ese tema, pero a?n no se tiene nada concreto, asimismo, no se trat? el tema del incremento salarial, puesto que primero se realizan los esfuerzos respectivos para aumentar la producci?n y contrarrestar las bajas cotizaciones. Por otra parte, inform? que algunos trabajadores de la empresa que cumplieron con sus aportes y tienen la edad de jubilaci?n, paulatinamente se acogieron a este beneficio.

martes, 26 de mayo de 2015

Video Los cooperativistas mineros apuestan por la explotación de recursos evaporíticos

Las cooperativas tienen rebaja del 11% en compra de explosivos



La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) informó que tras un acuerdo con el Gobierno y Fanexa se determinó que 78 de sus afiliadas tendrán un descuento del 11% en la compra de explosivos por seis meses.

La información corresponde al Secretario de Minería de la Fencomin, Hernán Montero, quien además indicó a La Razón que el acuerdo se realizó el 14 de mayo con el Ministerio de Defensa y Fanexa, y se determinó que la rebaja del 11% será para cuatro tipos de explosivos que son utilizados para actividades mineras.

“En los explosivos, estamos hablando de fulminantes, guías, masa y anfo. En esos cuatro tipos habrá un descuento del 11% y se ha quedado en eso. Se ha hecho un convenio sobre ello”, aseguró ayer el dirigente.

Con base en declaraciones del ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, La Razón publicó el 7 de mayo de este año que de 1.600 cooperativas, solo 71 están registradas para utilizar estos insumos. “Cómo quieren las cooperativas acceder a un beneficio cuando no cumplen con una obligación mínima de registrarse en la utilización de explosivos”, cuestionó.

Montero señaló ayer que son 78 las que tienen autorización para comprar estos explosivos y que el resto lo adquiere de intermediarios pues tienen problemas para cumplir los requisitos que se exigen para el registro.

Una de las exigencias es que tengan el Número de Identificación Tributaria (NIT) y otra limitación es la cancelación a los escoltas para transportar explosivos. “Si yo tengo, digamos, más de 2.000 kilos para arriba, automáticamente tengo que contratar dos escoltas y a cada uno de éstos le debo pagar más o menos 4.000 bolivianos”, añadió.

En el caso de los escoltas, se solicitó al Ministerio de Defensa que el pago sea para los que transportan más de 4.000 kilos de explosivos y no así a los que llevan 2.000 kilos.

Mercados. En cuanto al pedido de ampliación del capital del Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim), Montero señaló que en este punto Navarro se comprometió a realizar gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para tener esa inyección económica.

En cuanto al pedido de que el Gobierno subvencione el precio de los minerales cuando haya cotizaciones bajas, el dirigente añadió que el ministro les dijo que esa demanda no será posible de cumplir por lo que se comprometió junto a Fencomin a buscar mercados para su producción.

Pedirán al Constitucional que resuelva conflicto en Colquiri

El Gobierno advirtió que pedirá al Tribunal Constitucional que resuelva los conflictos que resurgieron en la mina Colquiri entre los mineros sindicalizados y los cooperativistas, que pugnan por áreas de trabajo en la veta Rosario, informaron los cooperativistas.
"En la última reunión que tuvimos (la pasada semana), el ministro de Minería, César Navarro, nos advirtió que pedirá al Tribunal (Constitucional) pronunciarse sobre el problema que hay. Nosotros estamos dispuestos a defendernos en cualquier instancia, porque contamos con todos los papeles”, afirmó ayer el presidente del Consejo de Vigilancia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Betto Ignacio.
La decisión de llevar a consulta el conflicto entre los asalariados de Colquiri y los cuentapropistas de la Cooperativa 26 de Febrero a instancias del Tribunal Constitucional fue confirmada ayer por fuentes del Ministerio de Minería.

El 31 de agosto de 2012, mediante el Decreto Supremo 1337, el Gobierno delimitó la veta Rosario y sus adyacentes en la mina Colquiri y las cedió a la Cooperativa 26 de Febrero.

Con la norma, esa área se queda para operaciones estatales y deja una franja de servidumbre de paso (que no será explotada), ubicada entre los puntos 9 y 10 del nivel 365.
Además, define que desde ese paso hacia los puntos 5, 4 y 1 los mineros de la estatal podrán transitar "libremente” para ingresar al taller de mantenimiento y a la veta San Antonio.
Los decretos fueron aprobados luego de una pugna por los yacimientos de estaño de la mina Colquiri -que hasta su nacionalización parcial en junio de 2012 eran explotados por la filial de la suiza Glencore Sinchi Wayra- reclamados por ambos sectores.
Sin embargo, la delimitación que hizo el Gobierno no fue suficiente debido a que desde principios de año ambos sectores retomaron la pugna por la explotación de estaño y complejos mineralógicos que contiene la mina.
Ignacio anticipó que su sector está dispuesto a defender sus derechos en todas las instancias que sean necesarias -judiciales o de lucha en la calle-, porque tienen la documentación que respalda que las áreas donde operan son preconstituidas y no se las puede revertir.
El secretario general de la Cooperativa 26 de Febrero, Segundino Fernández, informó que sus asociados están en vigilia ante el temor de que haya avasallamientos.
En la cooperativa son 700 afiliados que se dedican a explotar en más de 10 niveles que se les cedió.
"Con el fin de evitar nuevos enfrentamientos tuvimos que parar las actividades. Vamos a esperar hasta fin de mes para que se solucione este problema”, dijo.
El secretario general del Sindicato de Colquiri, Orlando Gutiérrez, anticipó que trasladar el conflicto a ámbitos judiciales tensionará mucho más a los sectores.
"Lo que tiene que hacer el Gobierno es hacer cumplir los decretos 1337 y el 1264 (de nacionalización de la mina Colquiri). No hay necesidad de llegar a esa instancia (Tribunal Constitucional); cuando hay este tipo de problemas los cooperativas aprovechan la situación para exigir otras demandas”, aseguró.

Minería: Compleja situación

Hay una serie de hechos que no se pueden negar y por lo mismo son de preocupaci?n cuando se trata el tema de la miner?a, atravesando por una compleja situaci?n y una lenta definici?n en la estructuraci?n de medidas que ataquen la crisis y eviten el colapso del sector.

Es cierto que tampoco se debe exagerar en las condiciones en que actualmente se debate la miner?a nacional, en unos subsectores con mayores incidencias de orden econ?mico que en otros, pero de manera general subsanables si se toman las medidas necesarias con oportunidad, pero sobre todo con responsabilidad a trav?s de elemento humano profesional que exponga capacidad y experiencia para poner en marcha esa reclamada pol?tica de ?reactivaci?n minera?.

El precio de los minerales y en fuerte ca?da tiene un efecto demoledor en la econom?a nacional, pues bajan los ingresos, disminuyen las regal?as, varias empresas optan por la disminuci?n de personal, primero y hasta por el cierre de operaciones luego, caso Inti Raymi en Oruro y varias cooperativas.

No puede tomarse el mismo tipo de resoluciones en el caso de la miner?a estatal, pues el despido de trabajadores desatar?a una reacci?n social de proporciones negativas, qui?n creyera, posiblemente como la que se produjo el 2006 y que arranc? una medida ?social? y con mucho ingrediente pol?tico, para aumentar la cantidad de mineros en Huanuni de algo m?s de 1.000 a casi 5.000, hecho que en la actualidad es el punto cr?tico en el sostenimiento de la minera de Huanuni.

En el caso del sector privado hay dos situaciones, por un lado la denominada ?peque?a miner?a?, que no recibe ning?n incentivo, no puede acceder a cr?ditos, est? insistiendo en un soporte gubernamental ofrecido, pero a?n no ejecutado que posiblemente permita a ese sector salir adelante para mantener sus fuentes de empleo que tienen buen ?ndice. En el otro extremo la miner?a mediana, que es administrada con criterio empresarial y tiene ciertas reservas para enfrentar los periodos de crisis como el que se mantiene en el momento.

Los cooperativistas mineros est?n luego y la situaci?n con los precios actuales han puesto en riesgo a muchas de estas organizaciones solidarias, las que apuestan a una ayuda directa del Gobierno, con una subvenci?n a los precios bajos, situaci?n que sin embargo ha sido rechazada, pues seg?n el ministro de miner?a, dar paso a ese pedido provocar?a la quiebra de algunas empresas estatales, en este caso las metal?rgicas del pa?s, Vinto y Karachipampa. Algunos cooperativistas m?s pr?cticos han resuelto ?retornar? a sus ocupaciones tradicionales en la agricultura y han dejado la miner?a de bajos precios. Pero un sector que todav?a busca alg?n apoyo coyuntural del sistema oficial, hizo saber que el sector (cooperativo) estar?a dispuesto a reponer el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), algo que en otro tiempo rechazaron abiertamente. Algo se traen en mano seg?n los expertos.

Tal es la situaci?n de la miner?a en la actualidad con muchos problemas y con pocas opciones de soluci?n pr?ctica e inmediata. Quiz?s est? faltando aplicar el contenido de la nueva Ley Minera, debidamente reglamentada y con su escala tributaria, para tentar grandes inversiones como lo est? haciendo el Ecuador (ver nota pag 4).