Los hechos reales en materia del aprovechamiento de nuestros recursos naturales nos muestran los desfases que se presentan por ejemplo en el caso de la explotación de nuestros recursos naturales, especialmente los que se convierten en la base y sustento de nuestra economía. El caso del gas y de los hidrocarburos en general. Por lo menos hasta hace poco como lo más valioso en materia de exportaciones.
Los minerales han ocupado de manera permanente un segundo lugar en la cuantía de los montos que se recuperan por la venta de nuestros recursos naturales, en algunos periodos especiales como el presente pueden ser incluso los que comanden las cifras que se suman y acumulan en el Erario Nacional para su asignación a los presupuestos departamentales.
Datos preocupantes consignados en revistas especializadas (Petróleo & gas) revelan que desde el año 2007 se registró un déficit entre la producción interna y la verdadera demanda del mercado. Por lo menos una última referencia señala que la demanda real de Gas Licuado de Petróleo (GLP) se sitúa en la actualidad entre las 1.150 a 1.200 toneladas métricas día (TMD), cantidad que no cubre la demanda interna y sin embargo favorece la expulsión del producto hacia mercados externos.
Sobre tan delicado problema hay que mencionar también lo que significa pagar anualmente 380 millones de dólares para subvencionar la venta en el mercado interno del diesel con 300 millones y del GLP con 80 millones, a lo que se suma la imposibilidad de frenar el contrabando de carburantes a países vecinos, especialmente el gas, lo que significa que la subvención nacional beneficia al exterior donde se hace gran negocio con nuestros carburantes y con el GLP.
Sólo como referencia hay que señalar que la subvención al diesel de importación y el GLP se incrementó sustancialmente entre los años 2000 al 2009. En el primer caso el registro señala un monto de 195,6 millones de $us., mientras que actualmente ese monto es de 380 millones, lo que significó un incremento de 427.7 por ciento.
Ahora bien, ese rubro que se consigna como el segundo más importante en la producción de divisas para el Estado, como es la minería, genera ingresos libres y directos que se convierten inmediatamente en divisas para el Estado y en dinero efectivo para las regiones donde se producen operaciones mineras.
Considerando el asunto con la visión económica, este sector productivo se hace más efectivo que el de hidrocarburos, pues su rendimiento es más alto y de uso tangible, mientras que por la otra riqueza natural, si bien los ingresos son más altos, estos se diluyen en cubrir los costos de indemnizaciones y lo más fuerte en compensar las subvenciones al diesel y el gas.
Bajo esas condiciones, los analistas estiman importante definir estrategias de orden prioritario en función de rendimiento y tiempo, asignando a la minería el valor que merece, especialmente en el tiempo actual, cuando los precios de la mayoría de minerales han pasado límites previsibles por efecto de condiciones vigentes en los centros capitalistas e industriales del mundo, especialmente en el Asia y Europa, lo que hace suponer un prolongado periodo de buenos precios, condición favorable a la implementación de proyectos mineros.
Hay simples detalles de observación en las condiciones que deben darse para la explotación de los yacimientos mineros en el tiempo actual, por ejemplo, es urgente en materia legal, establecer quién autorizará la explotación de recursos naturales y bajo que normas de seguridad jurídica se dispondrá la vigencia de los futuros contratos de explotación, de manera tal que por mala interpretación de artículos consignados en la Constitución, se incurra en el mal uso de tierra, territorio, suelo y subsuelo, lo que ha originado múltiples avasallamientos que en la mayoría de los casos no han sido solucionados.
A la aclaración pertinente de la normativa, debe aparejarse un dispositivo muy particular que impulse las tareas de investigaciones minero – metalúrgicas como base para el fortalecimiento de la minería mediana y pequeña, que requieren de importantes soportes para implementar sus proyectos futuros, que con seguridad serán de alto rendimiento económico.
Ahora bien, si se definen políticas que prioricen las actividades mineras, desde la fase de exploración, para llegar a las de prospección, explotación, refinación, posiblemente la fundición y su comercialización, es urgente crear una política de asistencia técnica y financiera que posibilite garantizar a los inversionistas mineros en sus actividades, consideradas aún –en Bolivia– de alto riesgo, no por carencia de yacimientos, sino por inseguridad política, en un esquema de mucha incertidumbre y pocas reglas de juego, específicamente definidas.
El Gobierno está en realidad ante un seria disyuntiva, mantenerse –como en la gestión pasada– atendiendo problemas político partidistas o estableciendo de una buena vez un política de prioridades productivas, en la que con absoluta seguridad la minería será la opción más segura para garantizar la estabilidad económica no solo de las regiones mineras sino del país en su conjunto.
Sería imperdonable dejar pasar un tiempo coyuntural de excelentes precios, sin asumir responsabilidad directa en el establecimiento de políticas concretas para impulsar la minería nacional en todos sus segmentos.
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