Puede tomarse como una actitud machacona la de exigir que se dispongan incentivos especiales para promover la actividad minera, pero lo importante es realmente es que realmente se trata de asegurar también inversiones, como única forma de impulsar los macro proyectos de la minería moderna que no puede estancarse por más tiempo sólo por falta de instrumentos legales que hagan viable las decisiones de las autoridades, en función de los intereses del país y de las regiones productoras.
No hay que desconocer que en el último periodo se observó inusitado interés por parte de prestigiosas empresas internacionales, especialmente asiáticas y europeas, para invertir en Bolivia y emprender negocios de alto nivel, en especial explotando litio e industrializándolo para cubrir la demanda –mundial– de cierto tipo de baterías o pilas de energía que se necesitan para impulsar a los nuevos vehículos que paulatinamente descartarán los carburantes.
En la Asamblea Legislativa se avanzó presurosamente en la aprobación de un paquete de leyes normativas, lo que hace suponer que en adelante y dejando ya de lado aquellas presiones de mayoría sobre la minoría, se trabajará de manera coordinada para aprobar en una segunda instancia leyes sectoriales que están haciendo falta para normar, por ejemplo la actividad minera y garantizar los emprendimientos de financiadores externos y los aportes que pueda otorgar el propio Estado en función de estrategias de desarrollo sostenible.
Ya no se habla del Código Minero, ahora toma cuerpo la aplicación de “leyes”, como la que se espera sea aprobada antes de fin de año y que sirva exclusivamente para normar la actividad minera, con un conjunto de medidas que favorezcan el desarrollo sectorial de nuestros recursos estratégicos naturales, para consolidar el beneficio económico que fortalezca toda la economía nacional, pues la importancia de la actividad minera se refuerza diariamente, con la vigencia de buenos precios, que induce a los industriales medianos mineros, a los de la minería chica y los cooperativistas a arriesgar capitales para mejorar la producción de los minerales, fuente importante que se consolidará como la más segura para generar divisas y convertirse en el factor de seguridad de la economía boliviana.
Empero hay algo que todavía preocupa y es que en el marco de la nueva Constitución se han establecido ciertas normas que dejan poco espacio para efectuar cambios, añadidos o restricciones en los proyectos de ley que son aprobadas “maquinalmente” en mayorías, aunque muy buenas sugerencias tengan que quedar sólo en el tintero de la oposición. Lo que importa en adelante es que, se consensuen criterios, en lo que corresponde a la otorgación de seguridades y garantías para inversionistas y la aplicación de un régimen tributario que no ahuyente capitales, más bien los atraiga para definir la estrategia del desarrollo nacional.
La ley minera tiene que ser compatible con intereses regionales, principalmente, sin anular las inquietudes de comunidades originarias, que con cualquier operación minera también percibirán importantes ingresos.
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