El presidente de la Cámara Nacional de Minería, Saturnino Ramos, expresó ayer su preocupación por la falta de seguridad jurídica para las inversiones por parte del Gobierno, esto producto de los continuos avasallamientos a las concesiones.
Asimismo, advirtió sobre el “descontrol” en el que podría degenerar la toma de los yacimientos mineros dados en concesión por el Estado a las empresas transnacionales, tal como ocurre con Colquiri y Porco y lo que consideró una “vacilación de las autoridades para controlar estas tomas por parte de los cooperativistas”.
“Estos avasallamientos y conflictos entre hermanos trabajadores, porque somos afines en la actividad está trayendo muchas consecuencias. El Gobierno se está equivocando un poco al no poner fin a estos problemas con rapidez, porque existen leyes, existe la seguridad jurídica, pero en los hechos falta empeño de parte de los administradores del Estado”, afirmó.
El sector minero privado se queja que a pesar de tener resoluciones judiciales a su favor, los organismos del Gobierno, entre ministerios y fuerza pública, “no hacen nada” por hacer respetar sus derechos constitucionales y asumen una actitud pasiva.
“El Gobierno se está equivocando un poco al no poner fin a estos problemas con rapidez, porque existen leyes, existe la seguridad jurídica, pero en los hechos falta empeño de parte de los administradores del Estado”, sostuvo.
El conflicto que enfrentó a asalariados y cooperativistas de Colquiri por áreas de trabajo se extendió a Porco, donde los cooperativistas tomaron las oficinas de la Empresa Minera administrada también por Sinchi Wayra, en demanda de la ampliación de áreas de trabajo.
En ese sentido, Ramos denunció que entre sus 3.000 asociados el pasado año 100 fueron afectados por avasallamientos y ocupaciones tanto protagonizado por los cooperativistas mineros como por los pueblos indígenas originarios.
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