El Gobierno promulgó ayer el Decreto Supremo 1308 por el cual el Estado, a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), asume las actividades de prospección, explotación y planificación de la explotación racional del yacimiento de Mallku Khota.
El decreto establece que toda cooperativa o actividad ilegal en la zona debe ser paralizada, dijo en conferencia de prensa, el ministro de Minería Mario Virreira.
Consultado sobre la relación existente entre el Estado y la empresa canadiense, subsidiaria de la compañía Mallku Khota, Virreira aseguró “Bolivia como Estado, no tiene ningún contrato directo con la South American Silver, no existen registros tal como cursan en las certificaciones del decreto, no existen registros en Fundaempresa”.
Tanto Felipe Malbrán como Guillermo Funes, representantes de la empresa canadiense evitaron hacer un comentario sobre el tema, limitándose a señalar que “en forma oportuna darán a conocer su versión”,
La expresión “amigable reconocimiento económico” salió a relucir en el momento en consultar sobre el estado de ánimo de quienes tenían un plan de exploración y explotación en la zona.
“En caso de que nos vayamos, lo que considero poco probable la gran perdedora sería la comunidad indígena, porque la llegada de la empresa conlleva una serie de ventajas para la zona, porque recuerden que desde el 2015 se debe invertir 1.000 millones de dólares”, decía Malbrán en diálogo con EL DIARIO hace un mes.
Semanas más tarde las evidencias pueden dar la razón a uno u otro. Los cálculos fallaron para la South American Silver y pueden fallar también para el Gobierno porque si se cumple lo que dice la Gobernación de Potosí, “se invertirá el 10 por ciento de su ingresos por regalías. Si el año pasado ingresaron a esa Gobernación por ese concepto 130 millones de dólares, para la reactivación del proyecto de Mallku Khota invertiría 13 millones de dólares.
“El Estado no tiene dinero para este megaproyecto, no cuenta con la tecnología de punta de las empresas privadas extranjeras. A la hora de la explotación cuentan todos estos factores, recuerden que se crearán 500 empleos directos e ingresarán a la Gobernación 300 millones de regalías. Esto va a contar a la hora de tomar la decisión final”, decía Guillermo Funes, pero sus cálculos económicos distaban una enormidad de los cálculos políticos del Gobierno.
El Ministro de Minería tiene otra óptica sobre este tema. “Son 219 cuadrículas que pasan al Estado boliviano, en esta reversión se incluye cerca de 170 hectáreas que estaban registradas a nombre de Emicruz, toda esta extensión de las cuadrículas que totalizan 5.475 hectáreas pasan a dominio del Estado”, señala el artículo 1 del decreto.
“La Corporación Mineras de Bolivia, se hará cargo de la administración y desarrollo minero de las 219 cuadrículas en las que se incluyen las 170 hectáreas registradas”, añade el artículo segundo de la norma.
Virreira explicó que a partir de ahora la Comibol puede llevar adelante todas las actividades de la cadena productiva minera, trabajos de exploración y prospección, además de encarar la parte de la explotación racional de los yacimientos de oro, indio y plata.
En el Decreto Supremo también se señala que “en las áreas revertidas al Estado no se deben realizar ninguna otra actividad productiva minera no estatal. “De esta manera precautelamos que este yacimiento sea explotado por el Estado a través de la Comibol”, dijo.
Los campesinos no se han pronunciado sobre el tema, en principio pensaron ser parte de esta cadena productiva y los indicadores inmediatos les muestran que por el momento tienen que esperar y luego se verá si son o no tomados en cuenta en el proceso de exploración y luego en la explotación”.
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