La minera australiana Fortescue Metals anunció que presentó una demanda ante el Alto Tribunal del país oceánico por considerar que el nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios por la explotación de carbón y hierro se contrapone a la Constitución.
El Impuesto a la Renta de los Recursos Minerales (MRRT, por sus siglas en inglés), que entrará en vigor el 1 de julio, grava con un 30 % los beneficios extraordinarios provenientes de la explotación del carbón y el hierro.
En un comunicado enviado hoy a la Bolsa Australiana de Valores firmado por Nev Power, director ejecutivo de Fortescue Metals, una de las principales productoras de hierro del mundo, señaló que "tiene un buen caso contra el MRRT en base a la ley constitucional".
Power consideró que este impuesto discrimina a ciertos estados de Australia y los limita en su capacidad para incentivar la actividad minera en su territorio, informó la emisora local ABC.
Un portavoz del Tesorero federal australiano, Wayne Swan, comentó que al Gobierno no le sorprende la demanda y recordó que la minera ya había expresado anteriormente su oposición a "la redistribución de los beneficios provenientes de la bonanza minera entre millones de hogares y pequeños comercios", según la ABC.
En julio de 2010 la oposición a una propuesta del Partido Laborista para gravar con un 40 % a los beneficios mineros contribuyó a la salida del entonces primer ministro Kevin Rudd, que fue reemplazado por la actual dirigente Julia Gillard.
Tras asumir el cargo, Gillard se vio obligada a renegociar con las gigantes mineras BHP Billiton, Rio Tinto y Xstrata la propuesta original de fijar un impuesto a los beneficios extraordinarios de 40 %.
El Gobierno australiano espera obtener unos $us 13.460 millones en los próximos cuatro años por este impuesto aprobado en marzo pasado, según nuevos recientes cálculos oficiales.
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