Si hay algo que pone nerviosos a los inversionistas y con justificada razón a los protagonistas directos de la actividad minera privada, son las contradicciones que surgen en un tiempo relativamente corto entre autoridades superiores del Gobierno, al referirse al tema de obtener capitales para la minería.
Vale la pena puntualizar que la minería, la de alto rendimiento, necesita de fuertes inversiones, transferencia de tecnología y un "clima" de seguridad y garantías legales para el desarrollo de operaciones, como sucede en países vecinos donde se disponen de las mayores ventajas para la atracción a grandes empresas inversoras en minería mediana y grande.
No es todo, se deben disponer también de reglas de juego muy claras que permitan al inversionista disponer de las condiciones más apropiadas para el desarrollo de grandes proyectos, con un pago regular y equitativo de impuestos y con las opciones de una recuperación de utilidades que se enmarquen en las alternativas de mayor equidad posible, para reinversiones y crecimiento sostenido de emprendimientos mineros.
El Vicepresidente del país, a tiempo de promulgar la Ley de Minería, aseguró que ese instrumento alentaría las inversiones en la perspectiva de la industrialización de la minería, aclarando y de manera enfática que "la inversión extranjera es bienvenida en Bolivia, pero bajo las condiciones impositivas, de responsabilidad social y medioambiental que establezcan las normativas locales".
Está claro, inversiones se necesitan y los que invierten desean reglas claras de juego, no podría ser de otro modo.
Sin embargo días atrás y durante su visita a España, el Ministro de Economía y Finanzas de nuestro país, invitó a las empresas extranjeras "a invertir en sectores no estratégicos de la economía boliviana porque no tienen una regulación estricta como los rubros de hidrocarburos, minería y energía".
Vale la redundancia, el ministro Arce indicó que Bolivia "tiene la estrategia muy clara con los capitales extranjeros y por ello los sectores estratégicos generadores de excedentes como los hidrocarburos, la minería y la electricidad están en manos del Estado". Todo correcto, pero ¿dónde queda la intención de invitar a inversionistas para que participen junto al Estado en los grandes proyectos para la explotación de nuestros recursos no renovables? He ahí la gran duda en ésta cuestión.
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