A raíz del problema que confrontó la minera Santiago Apóstol con la rotura de su dique de colas y el derrame de material tóxico hacia el río Pilcomayo, creando malestar en comunidades e inclusive en niveles internacionales por la corriente del curso fluvial supuestamente contaminado, dejó además al descubierto el funcionamiento irregular de una apreciable cantidad de medianos y pequeños ingenios mineros en amplia superficie territorial vecina a la zona de Canutillos donde colapsó el dique de colas.
Como emergencia del problema de contaminación en aguas que utilizan en varias comunidades, autoridades de la Gobernación de Potosí determinaron una inspección en la amplia zona minera, detectando que más de una decena de ingenios se vieron obligados a paralizar sus labores, para evitar mayores daños al producido en el dañado dique de colas de Santiago Apóstol.
Lo interesante de la inspección es que en el área del conflicto operan más de 15 ingenios, dicen que 13 suspendieron labores, pero en términos generales la mayoría de estos no cuentan con licencias de operación y por lo mismo tampoco con licencia ambiental.
La autoridad de medio ambiente de la Gobernación de Potosí, reveló a La Razón, que existen más de 450 cooperativas y empresas mineras operando en ese distrito y de estas el 80 por ciento trabaja ilegalmente y no cuentan con la exigida licencia ambiental.
El hecho ya al margen de lo ocurrido con el dique de colas y el derrame de material contaminante a las aguas del Pilcomayo, permite observar que se incumplen las disposiciones relativas a la legalización del uso de concesiones mineras, por lo visto, se realizan trabajos que resultarían clandestinos puesto que no han cumplido requisitos del Código Minero que estuvo en vigencia hasta la aprobación y promulgación de la nueva Ley Minera.
La vigencia reconocida por una autoridad de Comibol sobre la existencia de más de 400 cooperativas, hace presumir que no se han cumplido requisitos, por ejemplo de la consulta previa, tampoco establecer el trabajo de explotación minera de acuerdo a las normas medioambientales consignadas en una ley especial y por lo mismo en abierto desacato a disposiciones vigentes.
Por lo menos en lo que corresponde a las medidas que debe asumir el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), fuera de lo que corresponde al accidente del dique de colas, es regularizar la situación de las minas o ingenios que operan clandestinamente en esa región bajo la organización de cooperativas, pero fuera del marco de legalidad que se exige para explotar otras concesiones mineras, no precisamente cooperativas.
Se entiende que la empresa Santiago Apóstol trabajaba con autorización de Comibol, el accidente ocurrido en su dique de colas, muestra sin embargo que se descuidaron algunos factores técnicos de garantía en el "almacenamiento" de los desechos tóxicos, lo que deriva en una acción penal iniciada por el Ministerio Público y completada por el poder judicial determinando la detención preventiva del propietario de la mina en la cárcel potosina, bajo el cargo de provocar daño a la salud pública.
Así pintado el cuadro de la contaminación, se muestra que circunstanciales hechos pueden derivar en sanciones radicales que comprometen a mineros cuyas actividades pueden confrontar problemas, accidentes y aunque no se haya comprobado plenamente la dimensión del daño contaminante, ya está bajo detención preventiva (en la cárcel) el ejecutivo de la empresa, en tanto que muchos mineros que operan ilegalmente, sin autorización ni licencia y vierten sus desechos al río Colavi que desemboca al Pilcomayo contaminando esas aguas, utilizadas en muchas comunidades de la zona, de momento sólo suspendieron su trabajo, sin recibir ninguna sanción por la contaminación que producen de manera continua. Seguramente las autoridades del sector están analizando ésta complicada situación en la que no deberían admitirse factores de inequidad o favoritismo.
El hecho es observado por los entendidos en la materia como una infracción colectiva, de mayor o menor grado, con una circunstancia accidental en el caso de una mina, hecho que permitió establecer el funcionamiento de muchas empresas que trabajan minerales, contaminan los ríos y no han realizado sus trámites legales, lo que supone que tampoco cumplen con obligaciones tributarias, exigibles para las otras empresas de la minería.
El distrito de Potosí, eminentemente minero recibe sus mayores ingresos a través de las regalías mineras que percibe por la explotación de su riqueza minera, dese el mismísimo Cerro Rico y casi todas sus poblaciones, algunas donde operan grandes empresas como San Cristóbal que ahora cubrirá los requerimientos de concentrados de la metalúrgica de Karachipampa y tendrá el margen suficiente para la exportación de sus minerales. Otras empresas están en plena actividad en la Villa Imperial, aunque como se observa con el caso de la contaminación que genera el accidente en la mina Santiago Apóstol, ha puesto en descubierto el trabajo irregular de muchas cooperativas, un sector que lamentablemente hace minería artesanal y constituye uno de los mayores problemas para la Comibol.
Seguramente a partir de lo acontecido en la zona de Canutillos, se adoptarán medidas apropiadas para legalizar las operaciones mineras, pero además exigiendo el cumplimiento de disposiciones vigentes, para resguardar la seguridad de los pobladores de la zona. Con seguridad que deben disponerse programas especiales de orden técnico para mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales mineros, sin depredar suelo y subsuelo y menos dañar el medio ambiente.
En términos generales lo de la contaminación minera, merece un tratamiento estructuralmente diseñado desde la Comibol, para encarar planes de mitigación y eliminación de los peligros que conlleva este daño contra el medio ambiente.
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